El monto adeudado en pesos en la región del Maule alcanza los $11.580.070.746, correspondientes a 15.660 deudores, 97% de los cuales son hombres. A este monto se suman las deudas en UTM |
El 20 de noviembre de 2022 entró en
vigencia la Ley 21.389 que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones
de Alimentos (RNDPA). A un año del comienzo de su operación, el Registro suma a
más de 166.620 deudores (97% hombres y 3% mujeres), con una deuda total
acumulada de más de 95 mil millones de pesos.
Seis meses
después de la puesta en marcha del Registro, el 20 de mayo de 2023 comenzó a
operar el mecanismo de pago efectivo de pensiones, creado por la Ley 21.484
sobre Responsabilidad Parental, presentada por el gobierno del presidente
Gabriel Boric Font.
Claudia Morales Courtin, seremi de la Mujer y
la Equidad de Género de la Región del Maule, destacó el cumplimiento de un año
de ejecución del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y seis
meses de la ley de pago efectivo de alimentos, e hizo un repaso por las cifras
regionales. “Hoy tenemos 166.000 personas que adeudan pensión de alimentos en
el país, de las cuales el 7% es de la Región del Maule. Somos la cuarta región
con mayores niveles de personas que adeudan, pero no tan sólo eso, sino que
somos la segunda región con mayores niveles de deuda en pesos a nivel país, lo
cual es lamentable, porque esta es una deuda con los niños, niñas y
adolescentes. Además, el 97% de los deudores son hombres, por lo que esta
situación afecta principalmente a la economía de las mujeres, además de no
cumplir con el derecho de más de 21 mil niños, niñas y adolescentes de nuestra
zona”.
Una institucionalidad en pleno
funcionamiento
Seis meses
después de la puesta en marcha del Registro, en mayo de 2023, entró en vigencia
la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de
Alimentos. Desde entonces, ambas normativas conforman la institucionalidad
del Estado chileno destinada a mejorar el cumplimiento del pago de las
pensiones de alimentos en el país. Mientras el Registro crea incentivos
para el pago de deudas a través de sanciones a la morosidad, la ley de
Responsabilidad Parental establece un mecanismo de pago efectivo de las
pensiones de alimentos adeudadas en el país, permitiendo el pago de la misma a
través de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos
de inversión y financieros, y, en segundo lugar, en las cuentas de ahorro
previsional voluntario.
¿Cómo funciona el Registro de Deudores?
Para ingresar al Registro debe
existir una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los
cuales deben evaluar los antecedentes. La persona demandante debe solicitar al
tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en
conocimiento del alimentante. Si éste tiene una deuda de tres meses continuos
y/o cinco discontinuos y no hace el pago una vez realizado la liquidación, el
Tribunal enviará los antecedentes al Servicio de Registro de Identificación,
para que éste inscriba al alimentario deudor en el Registro Nacional de
Deudores.
Este mecanismo es un sistema electrónico remoto, gratuito y
puede ser consultado por personas o instituciones que tenga la obligación legal
de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales,
tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones
públicas y privadas.
Dentro de las consecuencias de
ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran: la retención de las
devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad
de obtener o renovar la licencia de conducir y/o el pasaporte y la retención de
operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras
medidas.
Cabe destacar que, a partir de su
implementación, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género detectó e impulsó
medidas para mejorar el cumplimiento de la ley en el caso de los prestadores de
servicios financieros, entregándole atribuciones expresas a la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), para fiscalizar y sancionar a estos actores, lo que
fue aprobado por el Congreso en diciembre de 2022. La Ley dispuso que, a partir
de marzo, la CMF comenzará a supervisar el cumplimiento de las obligaciones de
consulta del Registro por parte de los proveedores de servicios financieros que
fiscaliza.
“Por lo tanto, nuestro Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género, ha trabajado arduamente no tan solo con el Poder Judicial,
sino también con el Servicio Impuesto Interno, el sistema financiero y la
superintendencia de pensiones. Hoy en día, tenemos pasos a seguir en la
ejecución efectiva de pago de pensión de alimentos, está claro de lo que
nosotros estamos realizando y sobre todo se ha gestionado recursos para mejorar
todo lo que es la fiscalización de pago de pensión en el mercado financiero,
nunca más niños, niñas y adolescente estarán solo junto con el 97% de las mujeres
que se encuentran a cargo de su cuidado”, concluyo la seremi de la Mujer.
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